“El fallo de la Corte que declaró la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual representa un nuevo triunfo de la democracia, de la libertad de expresión, de la pluralidad de voces, y ha querido la historia que se dé casi en forma coincidente con el aniversario de los 30 años del primer voto que nos sacó a los argentinos de la dura noche de la dictadura de los años setenta”, declaró el interventor del INADI, Pedro Mouratian, al recordar que hoy, 30 de octubre, celebramos aquel voto histórico y fundacional.
“También es un triunfo de la militancia de los sectores nacionales y populares de la comunicación, los trabajadores de prensa, las cooperativas, los comunicadores populares, que no bajaron jamás los brazos en la lucha por cristalizar las aspiraciones a una comunicación democrática, como la que nuestro pueblo se merece, acorde a las políticas de ampliación de derechos que lleva adelante el gobierno nacional” afirmó Mouratian. “Esta ley tiene el enorme valor de surgir de una construcción colectiva a lo largo y a lo ancho de nuestro país, representa los intereses del conjunto del pueblo argentino, tiene carácter profundamente federal y su importancia va a trascender largamente el momento político actual”, finalizó el funcionario.
El organismo, que trabajó colaborando en la construcción de la ley, aportó la mirada antidiscriminatoria para ayudar a que los contenidos promuevan los nuevos valores que son eje de los cambios culturales que atraviesan estos últimos diez años en nuestro país, para cambiar los tratos discriminatorios basados en la raza, el color, el sexo, la orientación sexual, el idioma, la religión, las opiniones políticas, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento, el aspecto físico, entre otros, para que en los medios de comunicación prime la inclusión y el cambio cultural que buscamos profundizar en esta democracia.
El INADI participa del Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, junto al AFSCA y al Consejo Nacional de la Mujer para resguardar las libertades establecidas en el artículo 70 de la ley y los derechos contemplados en el artículo 66 y trabaja en consonancia con la Defensoría del Público.