Por mayoría, la de todos los legisladores oficialistas, fueron aprobados todos los acuerdos solicitados por el Poder Ejecutivo designando tres jueces en distintas circunscripciones de la provincia. En los tres casos el Frepam votó en desacuerdo.
Lo que dijeron los diputados:
El diputado Pedro Etchalus justificó el voto positivo de la mayoría diciendo que “cuenta con las exigencias requeridas para el cargo que se encarga de vigilar el cumplimiento de lo que indican las sentencias” y que “en la reunión ante los legisladores demostró que está lejos de pretender trabajar en soledad, sino dispuesto a hacerlo junto a un equipo interdisciplinario” destacando que “se desempeñó 14 años en la actividad privada” y que “hoy es sustituto en la primera circunscripción”.
El diputado Hugo Pérez puntualizó que “la función del juez en cuestión es la de respetar los derechos de los condenados en su última instancia penal y todos sabemos de las condiciones de las cárceles en toda la Argentina con revueltas, condiciones deplorables y muertes, una vulnera constante de los derechos de los condenados que exige su revisión, porque le condenado no deja sus derechos en la puerta del penal”. Y, en el entender de su bloque, “Saravia no cuenta con antecedentes y su desempeño fue siempre en ámbitos oficiales”. También porque “carece de antecedentes” y porque “ante los diputados no dio cuenta del estado de inseguridad reinante sino que dijo que la desconoció diciendo que era una situación magnificada por la prensa”, el diputado Darío Hernández anunció su voto negativo, al igual que la diputada Sandra Fonseca.
Igual situación se planteó ante la solicitud de acuerdo para cubrir el cargo de Juez de Ejecución Penal de la Provincia con asiento en General Pico con el doctor Jorge Mauricio Pascual. Etchalus dijo que “reúne las condiciones requeridas, demostró convicción de trabajo en conjunto y un criterio acabado de la importancia del cargo”. Pérez rechazó la designación “por la falta de experiencia” y porque “dejó en libertad 6 meses antes de que cumpliera su sentencia a una persona hoy vinculada en un caso de homicidio” y Fonseca remarcó “falta de antecedentes y de idoneidad”, lo que ejemplificó con los casos “Jansen, asesino de Sofía Viale y los de Rubén Hospital y Wilson, quienes se quitaron la vida estando encarcelado después que le rechazara una solicitud de atención psicológica”.
También por mayoría se aprobó el acuerdo para cubrir el Cargo de Juez de Audiencia en Juicio, quien actuará como Juez de Cámara en lo Criminal Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial con a la doctora Alejandra Flavia Ongaro. El diputado Daniel Lovera justificó el voto mayoritario en “toda la experiencia que podrá aportar ya que ingresó a la justicia como escribiente en 1973, su conocimiento del derecho vigente y su idoneidad”. Pérez rechazó la designación porque “en 40 años de trayectoria sólo tiene un post grado en Ciencias Penales” y porque “en la audiencia con los diputados se ofuscó cuando se le consultó por el caso Epifanio que va hacia un final sin culpables ni responsables como en otros donde actuó, como la denuncia de corrupción, que hiciera el FREPAM en al construcción inconcluso, del Megaestadio que rechazó cuando el juez Farias le enviara la causa y el caso que calificó como prescripto de abuso sexual de un padre a sus hijas”.
Hernández rechazó el pedido de acuerdo porque “su única base de sustento es su antigüedad en la justicia, sin preparación para desempeñar el cargo” y Fonseca porque “no estamos de acuerdo con criminalizar a los niños y en el caso Epifanio encarceló a menores que después quedó científicamente demostrado que no estaban involucrados en el hecho”.
El voto de la mayoría fue el que aprobó el listado de aspirantes a Magistrados y Funcionarios sustitutos -inscripción mes de junio 2013- conforme con lo establecido por la Ley 2574 (Orgánica del Poder Judicial). Lovera dijo que “el Superior Tribunal de Justicia remitió copia del acuerdo 3202 por el que se aprobó el listado y se cumplieron las normas vigentes”. El diputado Martín Berhongaray lo rechazó porque “lo que debiera ser un remedio excepcional se convirtió en regla”, dijo que “lo normal debería ser que la vacancia de un juzgado se cubra con jueces de igual categoría y hoy hay más de 20 funcionarios sustitutos sin la aprobación del Consejo de la magistratura ni acuerdo de la Cámara de Diputados, blancos fáciles de las presiones del poder político porque se los puede sacar del cargo de un plumazo”. Hernández reclamó “un listado de jueces y funcionarios de acuerdo a lo que demanda la Constitución”, Fonseca habló de un “carrerismo” entre los jueces sustitutos y se preguntó “una sentencia emitida por un juez por fuera de la Constitución ¿es legal y legítima?” y Pérez dijo que, “esta irregularidad, también es responsabilidad de los abogados que se anotan en esos listados”. Ballari y el diputado Mariano Fernández reconocieron la necesidad de que “La Cámara le encuentre una solución a esta situación”, pero dijeron que “no está en riesgo el Poder Judicial”.