Las acusaciones son por maltrato laboral, acoso sexual, filtración de medidas judiciales y malversación de fondos por la compra de mobilarios y artefactos con fondos electorales. Charlín es el juez titular del todavía no implementado del Juzgado Federal de General Pico. La denuncia se radicó por su actuación como juez subrogante del Juzgado Federal de Santa Rosa.

Fue denunciado por el fiscal federal Juan José Baric ante el Consejo de la Magistratura y esa presentación contiene el pedido de jury. Además entre los hechos denunciados incluye una presunta malversación de los fondos electorales.
La denuncia fue realizada ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, el órgano que remueve a los jueces federales, e incluye los hechos revelados por los empleados y funcionarios del Juzgado Federal de Santa Rosa que terminaron en una reunión de urgencia el jueves 15 de agosto pasado y el desplazamiento de Charlín como juez subrogante.
La Comisión de Disciplina y Acusación está presidida por el senador nacional Marcelo Fuentes, presidente además del Consejo de la Magistratura, integrante del Frente Para la Victoria. Es una de las comisiones clave del órgano. La comisión “tiene como competencia proponer al plenario del Consejo de la Magistratura sanciones disciplinarias a los magistrados por cuestiones vinculadas a la eficaz prestación del servicio de justicia. Los jueces podrán ser sancionados con advertencia, apercibimiento y multas de hasta un 30 por ciento de sus haberes. También elevará al Plenario los dictámenes de remoción y o suspensión de jueces”.
Señala que “en ejercicio de la potestad disciplinaria el Consejo podrá proceder de oficio o ante una denuncia que le efectúen otros órganos del Poder Judicial, magistrados, funcionarios o particulares que acrediten un interés legítimo”.
“Está integrada por nueve miembros: un representante de los abogados de la matrícula federal, dos senadores, dos diputados, dos jueces, el representante del ámbito académico y científico, y el representante del Poder Ejecutivo. Más de la mitad de los miembros deben estar presentes -el presidente de la Comisión será considerado como un integrante más- para lograr el quórum que habilite la sesión”, explica el sitio web del Consejo de la Magistratura. Las reuniones de la comisión son públicas.
Una vez que la Comisión admita la denuncia, ésta será notificada al magistrado denunciado. El magistrado denunciado, dentro de los cinco (5) días de notificada la denuncia, podrá recusar a los Consejeros.
Después la comisión deberá desestimar la denuncia o citar al magistrado y la realización de una audiencia en donde éste realizará su descargo y ver si es necesario iniciar el procedimiento de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento y, en su caso, ordenar la suspensión del magistrado.
Cabe recordar que el escándalo desatado con el juez subrogante Charlín obligó el jueves pasado al Consejo de la Magistratura a una reunión de urgencia, que decidió que el lugar de Charlín sea ocupado por 30 días por la secretaria penal del juzgado, Iara Jesica Silvestre. (Fuente El Diario de La Pampa)