Desde el STJ (Superior Tribunal de Justicia) se informó que si bien no hay fecha fijada, todo indicaría que sobre la segunda quincena de septiembre el fiscal general de la Segunda Circunscripción Judicial, Carlos Salinas, sería llevado a juicio oral y público por la investigación respecto a la desaparición y muerte de Sofía Viale.
El tribunal conformado por el ministro del STJ, Tomás Mustapich, los diputados Silvia Larreta (PJ) y Martín Berhongaray (FrePam), y las abogadas Lidia Marta Ullán y Marianela Oriani, resolvió aceptar todas las pruebas presentadas por la partes y comenzar el juicio oral sobre la segunda quincena de septiembre.
A diferencia de lo que ocurrió en el juicio político contra el fiscal general Mario Bongianino, en que no se aceptó ninguna de las pruebas presentadas por el bloque del FrePam y se tomaron como válidas todas que entregó la defensa, en este caso el criterio fue analizar todas las pruebas y testimonios propuestos.
En el caso de Salinas, el acusador es el fiscal general Sancho, que reemplaza a Bongianino, excusado de participar. Entre los testigos presentados figuran la ex fiscala Noelia Afonso y los fiscales Alejandro Gilerdenghi y Héctor Aberásturi.
Sancho acusó a Salinas de negligencia en la investigación por la desaparición y muerte de Sofía Viales por la falta de intervención. Cabe recordar que siempre sostuvo que no le correspondía a la Justicia Penal la investigación, sino al Juzgado de la Familia y el Menor. Además, en varias declaraciones públicas cargó tintas sobre la composición de la familia de la víctima.
Basó su acusación en la ley Orgánica del Poder Judicial y resoluciones de carácter general de la Procuración General. Entre ellas, la resolución 9/11 en el punto 8 se establece “con carácter obligatorio la realización de reuniones semanales de trabajo en cada una de las oficinas de las provincias, a las que debían asistir todos los funcionarios del Ministerio Público del asiento (en este caso de General Pico) con el objeto de discutir estrategias de investigaciones y unificar criterios de actuación”.
Y la resolución10 afirmó que “le corresponde lograr al fiscal general un efectivo entendimiento y coordinación con los representantes de cada una de las dependencias”. Algo que fue rotundamente negado por la ex fiscala Noelia Afonso, a quien la Justicia separó de su cargo al no renovarle el contrato.
El caso de Sofía Viale se inició el 31 de agosto de 2012 en General Pico, cuando la pequeña de 13 años desapareció. La investigación quedó en manos de la fiscala adjunta Noelia Afonso, una joven abogada con un contrato. La pequeña salió a vender productos panificados y no volvió a su hogar.
La investigación apuntó fundamentalmente a buscar en la familia los posibles culpables, incluyendo a los abuelos maternos a quien se les inició un juicio que terminó en sobreseimineto siete meses después del hallazgo de la niña.
Las habladurías, de las que no fueron ajenos ni el fiscal Salinas ni la policía, terminaron el 2 de noviembre cuando el cuerpo de Sofía fue hallado violado y enterrado en el patio de Juan José Janssen, 67 días después de su desaparición y a dos cuadras de la casa de los Viale.