En el marco del debate oral y público que se realizó esta semana por el robo de ganado, la fiscal Ana Laura Ruffini pidió se corra vista a la Justicia Federal por los dichos de uno de los imputados, Javier Martínez, que justificó su fortuna en el regenteo de 8 cabarés.
Fiscala Ana Laura Ruffini
El ilícito de la trata de personas, ligado estrechamente a los cabarés y otros delitos, es un tema con más oscuros que claros en la provincia. Y a pesar de los esfuerzos de quienes buscan eliminar la esclavitud sexual y de las leyes y normativas vigentes, para algunos sectores sigue siendo “normal” la violencia contra el cuerpo de las mujeres que están en esos lugares.
N o lo es. Y no solo desde las investigaciones y denuncias de quienes han tratado o sufrido situación de prostitución, sino también desde la ley. En varias municipalidades es ilegal, la secretaría de Derechos Humanos ha solicitado a las comunas que impidan su funcionamiento y ya hay un condenado por trata de personas por regentear un cabaré en 25 de Mayo.
Tan “naturalizada” está la explotación sexual que un acusado de abigeato para justificar su crecimiento económico dijo ante el juez, la fiscala y tres abogados defensores, que se debía a que era un buen comerciante y tenía 8 cabarés en la provincia.
Claro que la “naturalización” de lo ilegal y aberrante no es casual. La Justicia Federal de La Pampa es cuestionada por la falta de investigación respecto a la trata de personas con fines de explotación sexual.
El ex procurador de la Nación Dr. Esteban Righi, en junio 2011 objetó al juez federal Pedro Zabala la falta de compromiso en la investigación, cuestionamiento respaldado por la Corte Suprema de la Nación un mes después.
E incluso también cuestionó en ese momento a la Municipalidad de General Pico por mantener la habilitación de los cabarés. Finalmente en octubre de 2012 fueron cerrados por la Justicia Federal, aunque siguen funcionando con otros nombres y lugares.
Más allá de lo que ocurre en General Pico, en La Pampa ya pasaron 3 jueces federales: Pedro Zabala (titular actualmente de licencia), Marcelo Piazza y José Antonio Charlín (subrogantes) pero poco se hizo para avanzar en la investigación.
Ni siquiera se indagó al intendente Luis Rogers (que había dicho que el cabaré era un lugar de contención espiritual) y al subcomisario Carlos Adrián Alanis del pueblo (que convivía con la dueña de un cabaré y ocultó la exposición de un camionero que denunciaba la presencia de una menor prostituyéndose).
Hace unos días, la Procuraduría de la Trata hizo público el mapa de las víctimas de trata y La Pampa ocupa es triste quinto lugar, después de Buenos Aires, Misiones, Catamarca y Córdoba.
El tema de la explotación sexual, la trata de personas y la “legalidad” de cabarés es de debate candente. La Justicia Federal ahora deberá investigar a Jorge Martínez, el hombre acusado de planear el robo de ganado más grande de los últimos tiempos en el norte pampeano, pero por su participación en el funcionamiento de 8 cabarés, según sus propias palabras. ¿Se investigará a fondo?