La Comisión de Labor Parlamentaria de la Cámara de Diputados consensuó un documento que lleva el título “24 de marzo – Día de la Memoria, por la verdad y la justicia”.
El mismo está rubricado por la vicegobernadora Norma Durango y los presidentes de los bloques políticos diputados Daniel Lovera (Partido Justicialista); Juan Carlos Olivero ( Frente Pampeano Cívico y Social); Sandra Fonseca (Frente para la Comunidad Organizada); Daniel Robledo (Pueblo Nuevo) y Darío Casado ( Propuesta Republicana).
El documento dice textualmente:
“Hace 37 años, nuestra Patria sufría una de las mayores tragedias de su historia. El golpe asestado a la democracia, la imposición de una dictadura que no reconocería antecedentes por su crueldad, la ejecución de un terrorismo de Estado que dejaría treinta mil muertos y desaparecidos, y la incalificable apropiación de niños nacidos en cautiverio.
El imperio de la denominada “Doctrina de la Seguridad Nacional”, con su secuela de detenciones arbitrarias, con persecuciones a miembros de la cultura y las artes, a militantes de organizaciones sindicales y solidarias, con la marcha al exilio de infinidad de argentinas y argentinos; todo ello… estrujó el alma y lastimó el cuerpo de nuestra sociedad, que hace 37 años viene reponiéndose, al paso del tiempo y va lentamente restañando heridas, y cauterizando dolores.
Sin embargo, producir un cambio sustancial y definitivo en el objetivo de superar el trauma del golpe del 76, ha sido posible a partir de claras y firmes decisiones.
El presidente Raúl Ricardo Alfonsín, ordenó el Juicio a las Juntas, proceso judicial realizado en la Argentina en 1985 contra las tres primeras juntas militares de la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, decisión política que consiguió poner en evidencia las graves y masivas violaciones de derechos humanos cometidas en ese período.
El Gobierno Nacional del Presidente Néstor Kirchner primero y el de la actual Presidenta después, propuso y obtuvo la remoción de los impedimentos legales para llevar adelante una política de Derechos Humanos bajo la consigna de “memoria, verdad y justicia”, que permitió finalmente, llevar a los Tribunales de todo el país a los responsables de las aberraciones y delitos cometidos en el tiempo del horror y el espanto.
Y fue y es la Justicia quien pudo, con sus fallos, ir cerrando este capítulo de nuestra historia. El juicio realizado en nuestra provincia a los represores pampeanos, que se encuentran cumpliendo sus sentencias, se inscribe en ese contexto.
Adquiere verdadera dimensión, a la luz de los tiempos transcurridos, la iniciativa adoptada por el Gobierno de La Pampa el 15 de diciembre de 1983, apenas cinco días después del nacimiento de la Conadep, instituida por el Presidente Raúl Alfonsín, cuando por decreto del Gobernador Marín, se ordenó la investigación de la violación a los derechos humanos cometidos en nuestro territorio durante la dictadura.
Aquella investigación fue el inicio de la causa que tramitó el Juez Rafecas primero, y que finalmente instruyó el Tribunal Oral Federal de La Pampa, culminando en el 2010 con la primera parte del juicio, y que continúa tramitándose en la actualidad.
Estos juicios, en nuestra provincia, constituyen el principio de un largo y azaroso camino que nos llevará inexorablemente al fin de la impunidad.
Con ello habremos conseguido alcanzar un objetivo deseado fervientemente por la sociedad.
Aún persiste la inquietud, planteada por algunos querellantes en la segunda parte del proceso judicial en marcha, que la Justicia debe abordar el delito de rebelión, contemplado en la Constitución Nacional, que cometieron en el país, y en La Pampa, quienes destituyeron por la fuerza a las autoridades democráticas.
En esta tarea de reconstrucción de la democracia y la convivencia pacífica, en la que estamos empeñados, sería muy útil la definitiva declaración de condena a quienes se atrevieron a interrumpir los mandatos populares, alzándose contra la propia Constitución.
Asistimos en las últimas horas, una vez más, a las lamentables declaraciones del dictador Jorge Rafael Videla, acusado de crímenes de lesa humanidad, quién sugirió un golpe de Estado.
Repudiamos enérgicamente esos dichos y reafirmamos una vez más que creemos y defendemos la consolidación del sistema democrático, que los golpes de estado y la apología de la violencia no tienen lugar en la Argentina de hoy.
Nuestra Nación adoptó un gobierno representativo republicano federal, en el cual, por importantes que pudieran ser o sentirse sectores, grupos o corporaciones, nada convalida socavar la autoridad elegida por el pueblo, no ya, seguramente, por la fuerza militar, como tampoco por medio de otros y sutiles mecanismos de presión.
Reiteramos nuestro apoyo a las instituciones democráticas y al mayor poder legítimo que reconocemos, que es el que expresa la voluntad ciudadana en las urnas”.-