En la mañana de hoy se llevó a cabo un debate oral y público en sede tribunalicia contra un hombre acusado de amenazas agravadas por el uso de arma, hurto simple y lesiones leves en perjuicio de su pareja. Al momento de declarar, la mujer desdijo todo lo que había denunciado hacía 13 días.
El imputado junto al abogado defensor escucha el informe del psiquiatra
El caso, más allá de la situación particular de los protagonistas, pone de relieve las dificultades que tienen las mujeres para transitar lo que se denomina la ruta crítica, esto es el camino que deben recorrer desde que denuncian la situación de violencia hasta que pueden cortar con una relación dependiente y patológica.
Asistencia psicológica, emocional, legal y económica son necesarias para poder transitar ese período, muchas veces más difícil que la misma situación de convivencia con alguien violento.
La ley prevé que el estado provea de profesionales y situaciones que permitan superar la situación. Sin embargo, prácticamente no existen servicios ni atención económica destinados a las mujeres víctimas de violencia.
En el norte de la provincia existe el servicio de violencia familiar en la delegación de Políticas Sociales de calle 14 y 103, pero tiene personal exiguo e insuficiente. Por cada psicóloga hay 80 casos, según se informó el año pasado.
La mujer con una relación dependiente, no solo en lo económico, de una persona violenta, difícilmente pueda percibirse como sujeto de derecho y lograr el empoderamiento necesario para no volver a esa relación.
Es lo que se demostró en el extenso debate de hoy. Ante el juez de Audiencia Fabricio Losi, el defensor oficial Guillermo Costantino y el fiscal Alejandro Gilardenghi, la mujer desdijo absolutamente todo lo que había denunciado y justificó a su pareja.
El fiscal solicitó que se mantuviera la calificación judicial y argumentó que los hechos fueron probados más allá de los dichos de la mujer. Hizo referencia a los testigos, entre ellos una asistente social que remarcó el estado de vulnerabilidad de la mujer y de un policía que atendió la denuncia. Pidió una pena de 2 años de prisión en suspenso más reglas de conducta.
Por su parte, el defensor oficial solicitó la absolución basándose en las palabras de la víctima que dijo no saber leer ni escribir y no conocer que estaba escrito en la denuncia, y por ende, en la importancia del debate a la hora de juzgar.El juez Losi resolverá en una semana.