La fiscal Cecilia Martini solicitó 7 meses de pena en suspenso y además 14 meses de inhabilitación para ocupar cargos públicos, para el actual intendente de 25 de mayo, David Bravo que a medios allí presentes les dijo “estoy Acusado por la incompetencia e ignorancia del ministerio público, en esta caso representado por la doctora Martini, que desconoce la ley. Y no me quiero imaginar la cantidad de inocentes que deben haber sido acusados en la misma situación. Tenías razón el juez (Horacio) Tolosa no hay justicia en La Pampa. Por lo menos para los humildes”, señaló.
La funcionaria judicial argumentó su pedido en que «ejerció un despliegue arbitrario en su función« al firmar la habilitación de un cabaret con innumerables deficiencias técnicas.
«Bravo conocía el trámite de habilitación, conocía el local que se iba a instalar y las deficiencias técnicas e igual lo habilitó», sostuvo Martiní.
Con ese accionar, de acuerdo a lo escrito en diariotextual.com, «se afectó el correcto desenvolvimiento de la administración pública y se afectó la legalidad de los actos administrativos», puntualizó. También dijo que Bravo «vulneró» una Ordenanza, la n° 52/2002, y la Ley Orgánica de Municipalidades.
Los alegatos comenzaron alrededor de las 9:15 de la mañana presididos por el juez Néstor Daniel Ralli.
Por su parte los abogados defensores Armando Agüero y Gastón Gómez expresaron, en los alegatos de hoy, que David Bravo debe ser absuelto. Basaron su reclamo en la falta de dolo, la desconcentración de tareas y el principio de confianza en la administración pública.
Armando Agüero, uno de los defensores de Bravo, argumentó que la fiscala «desconoce que el principio rector de la administración pública es la descentralización o asignación de competencias a los funcionarios» y sostuvieron que los colaboradores del intendente «tenían la responsabilidad de inspeccionar, controlar y aconsejar la habilitación».
«Se debe analizar si esos dictámenes de los funcionarios estaban acorde a la ordenanza 52/02.Quienes aconsejaron la habilitación (del cabaret El Rancho) debieron estar sentados acá haciéndose cargo de los dictámenes que firmaron», reclamó.
«Los secretarios son solidariamente responsables de los actos administrativos que firma el intendente. No se le puede exigir a Bravo que desoiga los dictámenes de sus funcionarios y en todo caso se debe juzgar si esos dictámenes son abusivos o arbitrarios, pero no la conducta del intendente», remarcó Agüero.
Al finalizar la presentación de los alegatos, Bravo se mostró molesto y señaló a diario textual que. «La fiscal se llevó derecho administrativo. Es una burra, se va a hacer famosa por eso. Juzgó mi conducta para quedar bien con algún medio» y agregó «nunca fue al lugar del hecho para ver si había agua y gas; no conoce El Sauzal y me acusa injustamnte».