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“Hay que dar garantía a los derechos” dicen los ginecólogos sobre el aborto no punible y la objeción de conciencia



El presidente de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de La Pampa, Dr. Fernando Giayetto, cuestionó que el protocolo de aborto no punible sea decreto en lugar de ley y que no se haya consultado la opinión de los sectores involucrados. Afirmo, además que se dialoga con objetores de conciencia para llegar a una solución, pero reconoció, sin embargo, la inequidad que existe ante dos derechos que colisionan, por un lado el del pedir un aborto no punible y por otro no realizarlo por cuestiones de conciencia. Dijo que la solución está en el diálogo.


El presidente de la Asociación cuestionó que el gobierno provincial haya elaborado el protocolo de aplicación del aborto no punible sin consultar a los efectores de Salud Pública que deben intervenir en la práctica médica. Y recordó, además, que esta normativa recibió críticas de movimientos sociales de mujeres porque el ámbito de aplicación corresponde solo al sector estatal de la salud y no al privado, entre otras cuestiones.

Respecto a la objeción de conciencia planteada por la totalidad de los profesionales del hospital Gobernador Centeno del área de Ginecología y Obstetricia, afirmó que desde la Asociación  no tratan “de cambiar la mentalidad ni los derechos a objetar de cada efector pero sí a trabajar los aspectos que garanticen el acceso al derecho al aborto no punible y fundamentalmente, desde la Asociación, dar un encuadre legal, jurídico y técnico para que se sientan contenidos y puedan trabajar sobre el acceso de las mujeres a este derecho”.

Indicó que desde la institución se mantuvo una reunión con algunos de los profesionales del hospital piquense el 14 de septiembre pasado. “Hemos escuchado sus voces, y por eso desde esa construcción vamos tratando de sensibilizar algunas cuestiones y hacer acercamientos. El tema no es crear tensiones, sino todo lo contrario”, dijo.

También afirmó que los y las efectores/as se sintieron excluidos en la elaboración del protocolo provincial, “con lo cual sintieron que es una norma que bajó sin debate, sin discusión y eventualmente eso provocó tensiones”.

Incluso afirmó que si la elaboración del protocolo se hubiese realizado en el marco de un profundo diálogo con efectores de salud y organizaciones sociales por los derechos de las mujeres, no se hubiese llegado a esta instancia. “Lo que he podido escuchar de los y las colegas es que de alguna manera, no haber podido ser partícipe de la elaboración de ese protocolo provocó disconformidad”, dijo y agregó que en otras provincias sí se tuvieron en cuenta

Hay que sentarse a discutir en este momento y dentro del marco jurídico que tenemos, el dar garantía a los derechos, ningún estado ni provincial ni nacional puede evadir su responsabilidad de garantizar los derechos. La actitud de los efectores de salud de ejercer su derecho de objeción de conciencia no debería limitar ni entorpecer el cumplimiento de la institución. Eso no está garantizado en el protocolo, como se va a articular ese mecanismo ante un objeción masiva como el que se da en el hospital de Pico. Se entiende que esto va a estar garantizado pero esto es lo que va quedando como en agua de borrasca quién obviamente va a dar resolución a estas cuestiones cuando exista el caso puntual. Es materia opinable y debatible y hay que relajar esa tensión porque no beneficia a nadie, ni a los efectores  que tomaron esa postura por la presión que se realiza desde organizaciones sociales, ni a las mujeres. Hay que allanar la inequidad y la postura de poder donde uno decide sobre sus derechos y el otro no puede decidir sobre sus derechos, que es el caso de la mujer. Si entendemos esto como una cuestión de responsabilidades institucionales, creemos que la vía del diálogo es la única forma de lograr que en el marco jurídico que tenemos, se acerquen posiciones.”

Giayetto recibió el pasado viernes en General Pico, una solicitud de reunión para tratar el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el territorio pampeano de parte de varios movimientos y organizaciones sociales de derechos de mujeres de Eduardo Castex, Winifreda, General Pico y Santa Rosa.