En un documento consensuado por los diferentes sectores de la Asamblea en Defensa de los Ríos, se exige al gobernado Oscar Mario Jorge una demanda judicial contra Mendoza y el Estado Nacional por incumplimiento del convenio firmado por los tres en el año 2008. Además, se afirma que la cuestión del Atuel debe ser una política de estado y en ese sentido, reclaman participación en la toma de decisiones.
La asamblea realizada el sábado pasado en el lecho seco del río en Algarrobo del Águila
El documento dice textualmente:
«Al cumplirse 4 años de la firma del Convenio del Atuel en el año 2008 entre los Gobiernos de la Provincia de Mendoza, La Pampa y Nación la Asamblea Pampeana en Defensa de los Ríos, manifiesta:
Frente a los últimos acontecimientos relacionados con el conflicto entre nuestra provincia y Mendoza por el río Atuel, la Asamblea en Defensa de los Ríos Pampeanos reafirma que desde su gestación, el 6 de febrero de 2012, su única e irrenunciable misión es la recuperación del cauce perdido y la defensa irrestricta e incondicional de nuestros recursos hídricos, cuya preservación es obligación de las provincias condóminas y la Nación, en cumplimiento del mandato constitucional de progreso para todas las provincias y para las actuales y futuras generaciones.
Integrada por diversas instituciones y ciudadanos de nuestra provincia, esta Asamblea mantiene organizaciones activas en Algarrobo del Aguila, Santa Isabel, General Pico y Santa Rosa, y grupos adherentes en otras localidades pampeanas. Todas las actividades desarrolladas hasta ahora tienen por fin esencial generar conciencia entre las autoridades y las poblaciones de Mendoza, La Pampa y el resto del país, para que cese y se revierta el desastre ambiental que lleva más de 100 años.
Nuestra Asamblea considera importante los dichos del Titular de la Dirección General de Irrigación que pidió respetar los derechos de LP. Dichas declaraciones refrenda nuestra opinión de que Mendoza NO HA RESPETADO NI RESPETA NUESTROS DERECHOS SOBRE EL ATUEL. Si Mendoza quiere inaugurar una nueva época de entendimiento en el uso compartido del río debería comenzar por aceptar la solicitud pampeana de formar un comité de cuenca entre ambas provincias. En dicho organismo se deberá discutir y llegar a acuerdos en el uso compartido del río. Mendoza debería tener en cuenta que nos corresponde bastante más que los escasos 5 metros cúbicos por segundo del hasta ahora frustrado acuerdo del año 2008. Dicho caudal solo serviría para recuperar el caudal mínimo fluvioecológico determinado por estudios realizados por la Universidad Nacional de La Pampa. Para poder instalar un área de regadío en La Puntilla haría falta un caudal mucho mayor. Por eso reclamamos que todas las obras proyectadas y a proyectarse sobre el Atuel contemplen los derechos pampeanos y garanticen un escurrimiento permanente hasta su desembocadura en el Desaguadero-Salado-Chadileuvú. .
El corte del río Atuel no solo provocó la pérdida de la región húmeda del oeste pampeano y la posibilidad de desarrollo productivo sustentable a la porción oesteña del territorio, también afectó gravemente los derechos humanos de los pobladores, víctimas del imperdonable daño ambiental que incluye pérdida de humedales y sistemas lagunares, salinización, desertización y un severo daño a la biodiversidad. Desde el inicio del siglo veinte comenzó el deterioro, y desde 1947 se agravó de manera gravísima con la construcción de la represa y embalse El Nihuil. El daño ambiental y humano provocado a nuestra provincia no tiene parangón en la historia nacional.
También manifestamos al gobernador Oscar Mario Jorge, a los restantes poderes de Estado y a todos los hombres y mujeres de La Pampa, que la cuestión Atuel debe ser parte de una política de estado provincial, por lo que no son admisibles las negociaciones entre unos pocos y sin un debate que involucre a todos los sectores, sin exclusión. Estamos convencidos de que la única manera de luchar con posibilidades de éxito en esta vieja lucha es proponer un debate amplio que no excluya a ningún sector de nuestra provincia. Solo de esa manera lograremos la necesaria unidad de criterio y de acción que permita una eficaz defensa de nuestro patrimonio geográfico y ambiental.
Dentro de estas ideas, La Pampa debe iniciar una demanda ambiental contra el Estado Nacional y Mendoza, los dos responsables del desastre ecológico y humanitario de nuestro oeste. Esto no significa abandonar posibles negociaciones, por el contrario la demanda implicará potenciar también la capacidad negociadora provincial».
el río visto desde una de las alcantarillas del puente