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¿Se camina hacia la nacionalización de la provisión de gas?



Es la hipótesis que se maneja desde el Sindicato de Trabajadores de Transporte de Gas Bahía Blanca. Tras el conflicto de Camuzzi, saltó que la empresa viene trabajando a pérdida al igual que el resto de las privatizadas que distribuyen el gas en el país. Tienen la tarifa congelada desde el año ’98. Tras casi un mes de huelga de los trabajadores, Camuzzi Gas Pampeana arregló porque deja de pagar el gas a boca de pozo a YPF durante unos meses.


Alfredo Balvuena, dirigente del Sindicato de Trabajadores de Transporte de Gas, explicó que el aumento salarial se explicó desde Camuzzi porque “arreglaron con YPF que no les van a pagar el gas a boca de pozo. Ante se compraba a Repsol, ahora es YPF, el estado. Ellos dijeron: ‘nuestra situación financiera es ésta. No tenemos plata porque ustedes (por el gobierno) de que no nos dan tarifa. No tengo de donde sacar plata, lo que hago es no pagarte el gas a boca de pozo por dos o tres meses y con esa plata me voy moviendo.”

El 55 % de los accionistas de Camuzzi Gas Pampeana son de italianos, el resto es de SEMPA, de origen estadounidense. Desde el gremio dicen que ven “que no hay plata dentro de la empresa, hay que comprar instrumento y no hay plata, se van recortando gastos… los vehículos ya tienen 400 mil kilómetros y 13 años de antigüedad y no se renuevan, no se pintan las plantas reguladoras, el ajuste siempre es el personal, se jubilan dos empleados y toman uno solo para reemplazarlo y los números nunca dan. Hoy poner el servicio del medidor a la empresa le sale entre 1400 y 1800 pesos y tiene que cobrarlo al cliente 130 pesos.”, afirmó Balvuena.

Si reincidieran el contrato de concesión, según el sindicalista, la empresa tiene que compensar económicamente al Estado nacional, por ello les conviene seguir trabajando a pérdida. Incluso, Balvuena afirmó que “todas las empresas de gas están igual, salvando TGS porque exportan gas licuado y la tarifa no está regulada. Es más, Metrogas que provee a Capital Federal, está intervenida hace más de un año y medio. Este año presentó un balance con una pérdida de 200 millones de dólares y sigue intervenida. Pienso que este gobierno va a apretarla hasta volver a nacionalizarlas, ya lo tendría que haber hecho pero creo que todavía no están las condiciones dadas. A las empresas les hicieron renunciar a todos los juicios por haber, ganados en el CIADI ( tribunal internacional donde se dirimen los juicios entre el estado argentino y las empresas privatizadas), no les dan tarifa y las tienen muerte. En cualquier momento, van a entregar la llave y se van a ir.”