El cierre por parte de la Justicia Federal de dos locales en los que se ejercía la prostitución en General Pico motivó duras críticas hacia el intendente local Jorge Tébes por parte de la concejal del frente Nuevo Encuentro Paola Assone. “El modo en que culmina el cierre de los cabarets en nuestra ciudad” señaló la edil kirchnerista “deja al descubierto la desidia con la que departamento ejecutivo municipal manejó una situación tan delicada y que ha tenido que venir la justicia federal a golpearnos la puerta para ponerle el cierre definitivo, ya que – según palabras del propio fiscal Juan José Baric – el municipio no supo encontrar “el remedio adecuado para la importancia social que revisten este tipo de casos”.
Assone recordó ayer el largo “y triste historial del oficialismo en la ciudad con respecto a este tema, que llevó en 2.009 a la aprobación de la ordenanza 82/09 de espectáculos públicos en la que se concedía la habilitación a cinco locales que oficiaban de cabarets y que establecía que no habría nuevas habilitaciones para este rubro quedando librado al cierre por diferentes motivos de las actuales licencias el fin de esta actividad. Es decir, que se llegó a convalidar con un auténtico mamarracho jurídico la situación existente buscando un modo de no hacer nada para cambiar una realidad que se conocía perfectamente, ya que en el oficio librado por la Fiscalía el pasado 29 de junio se señala expresamente que existen “numerosos informes e investigaciones reservadas en estas actuaciones de la Delegación General Pico de la Policía Federal Argentina e informes socioambientales de la Policía de La Pampa que dan cuenta de la presencia de “alternadoras” en el lugar” y del ejercicio de la prostitución en estos establecimientos”.
Es evidente que existía “pleno conocimiento por parte de las autoridades municipales y por consiguiente del bloque oficialista de que se estaban cometiendo infracciones graves en estos locales” señaló Assone y “se tomó la decisión política de no hacer nada, algo que ya es un lugar común de la actual administración del ingeniero Jorge Tébes. Assone recordó también que “luego en 2.011, más precisamente en julio de ese mes, el intendente recibió un informe de la policía pampeana en que se le informaba expresamente lo que estaba ocurriendo en un sitio donde se ejercía la prostitución, dando detalles exactos del lugar, advirtiéndolo que el citado local directamente no poseía habilitación comercial alguna lo que obligó al intendente a mandar a clausurarlo. Después de esto el ejecutivo tardó hasta el 31 de octubre de ese año para enviar el expediente al Concejo Deliberante junto con una solicitud del Director del área, Miguel García, para que se suspendieran todas las habilitaciones previstas en la ordenanza 226/09 durante 90 días habida cuenta que se estaban solicitando bajo la denominación de café concert, pub o nihgt club, locales que a juicio de las propias autoridades podían llegar a funcionar como cabarets en lo que se ejerciera la prostitución. Todo esto ocurría porque se aprovechaban del agujero legal que la propia legislación municipal permitía. Ante esta situación el oficialismo se tomó hasta diciembre para aprobar lo que García pedía, haciéndolo entre gallos y medianoche en la última sesión del pasado año”.
En 2011 se hace público el dictamen del Procurador General de la Nación Esteban Righi que señala que en General Pico las ordenanzas son una fachada porque la verdadera situación es que se está permitiendo el ejercicio de la prostitución e instruye a la fiscalía federal de Santa Rosa para que actúe. La edil kirchnerista recordó que “con todos estos antecedentes que demostraban la falta de voluntad política para proceder al cierre de locales en los que se estaba violando abiertamente la legislación nacional y las resoluciones del ministerio publico de la nación y con la apremiante necesidad de poner freno a cualquier situación que pudiera propiciar la trata de personas, el ejecutivo municipal volvió a pedir que el concejo suspenda las habilitaciones en abril de este año lo que motivó el voto negativo de Nuevo Encuentro, en vista de los antecedentes del tema. Hasta que hace apenas un mes el oficialismo decide sospechosamente que ya no puede seguir lavándose las manos y aprueba con bombos y platillos el cierre de los cabarets.”
“Así llegamos a la actual situación” expresó la edil kirchnerista “ y antes de que se cumplieran los 60 días para que se procediera al cierre definitivo de los locales, la justicia federal tomo intervención una vez más e informó al señor intendente lo que ocurría en la ciudad que gobierna y le solicitó la clausura, señalándole textualmente que “frente a la posible comisión de este o cualquier tipo de delitos no es posible dar paso a la ingenuidad o la tibieza”. Al finalizar el escrito el Fiscal Juan José Baric le recuerda al señor intendente una frase de Vélez Sarsfield cuando dijo que “sería un deshonor de la ley que los funcionarios cerrasen sus ojos ante una conducta delictiva y permitiera que esta triunfara”.
“Aquí” concluyó la concejal Paola Assone “hay una clara responsabilidad política del oficialismo, porque sabiendo lo que ocurría en esos locales habilitados y supuestamente controlados por el municipio no hizo nada para remediarlo. Y sabían perfectamente lo que ocurría porque habían sido advertidos por otras jurisdicciones provinciales y federales desde hace tiempo, pero aún así dejaron que fueran esas instituciones las que resolvieran esta grave situación”.