Ayer se conoció que, a pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Juzgado en lo Comercial N° 8, a cargo de Javier Cosentino, Secretaría N° 15, decretó la quiebra de Ciccone. El fisco, que desde luego no es el único acreedor con deseos de cobrar, le reclama a la imprenta unos 239 millones de pesos. Según dijo el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, a LA NACION, la empresa, que entre otras cosas imprimió las entradas para el Mundial 78 y los patacones bonaerenses, será operada transitoriamente por el Estado.
Aunque no lo sepa, todo argentino tiene algo de Ciccone Calcográfica. El documento de identidad, si hace mucho que no lo renueva; un pasaporte vencido guardado en algún cajón; un cheque recibido o emitido; la chapa patente del auto, o el diploma universitario, entre otros documentos impresos con medidas de seguridad. No hay muchas imprentas que se dediquen a este rubro, cuyo cliente principal generalmente es el Estado, y Ciccone era única en el país en su tipo: una auténtica casa privada de moneda.
«Como el Estado necesita que se sigan imprimiendo documentos y las máquinas y los empleados están, le pedimos al juez la continuidad de la explotación a cargo de la Casa de Moneda», explicó Echegaray. La operación provisoria, según el funcionario, tendría el visto bueno del síndico.
Según Echegaray, en la quiebra también se presentó con un pedido similar la firma Boldt, de la familia Tabanelli, originalmente dedicada a la impresión de cheques y billetes, pero que en los últimos años también incursionó en el negocio del juego.
El desembarco de la AFIP en Ciccone podría ser el primer paso para la estatización definitiva de la empresa y su fusión con la Casa de Moneda, que ya se encarga de fabricar el nuevo DNI, lanzado por el Gobierno en noviembre de 2009. Unos días después de ese anuncio, Ciccone cerró la planta que tenía instalada en la zona franca de General Pico, La Pampa, donde sólo trabajaba una veintena de empleados. En cambio, su principal sede, en la localidad de Don Torcuato, provincia de Buenos Aires, sigue abierta, aunque con mínima actividad. Allí, 238 empleados estaban cobrando un subsidio gestionado por su sindicato.
A fines de los 90, el fracaso del joint venture con el gobierno chino (conocido como Beijing Jinchen Ciccone Security Printing Co.), con el que la empresa iba a participar en la impresión de los documentos que los ciudadanos de ese país necesitan para transitar de una provincia a otra, se convirtió en una mochila pesada que nunca logró descolgarse. Inmersos en cierta desesperación, en 1998 los Ciccone contrataron como lobbysta al ex embajador estadounidense en Buenos Aires James Cheek, a quien le dieron un asiento en el directorio.
La acumulación de una deuda millonaria por parte de su principal cliente, el Estado nacional, en 2001, y las consecuencias de la devaluación de 2002, que mantuvo dolarizados los costos pero pesificó los ingresos, fueron letales para la empresa.
Hubo un doble golpe definitivo: el final del contrato para confeccionar los DNI, primero, y luego el de los pasaportes, acuerdo que se rompió definitivamente hace casi un año, tras varios incumplimientos de la empresa en la entrega de esos documentos.
Ciccone, fundada en 1951 por los hermanos Héctor y Nicolás Ciccone y en la que trabajaban las familias de ambos, tuvo su momento de mayor exposición pública a partir de 1995, cuando el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, denunció que la firma era en realidad propiedad del entonces cuestionado empresario Alfredo Yabrán. Según Cavallo, Yabrán había pagado parte del crédito que Ciccone había tomado para su malograda experiencia en China. Años después, Cavallo se desdijo y pidió disculpas. En 2000, presidió la fiesta por los 50 años de la empresa.