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Junto al asesor Gubernamental, Marcos Paz, el ministro de Obras y Servicios P\u00fablicos hizo hincapi\u00e9 en 4 puntos fundamentales a la hora del pedido, \u201cla falta de configuraci\u00f3n de un hecho, se habla de un hecho omitido pero no se especifica de qu\u00e9 tipo de omisi\u00f3n se me culpa, en la Resoluci\u00f3n del Dr. Carola no aparece la omisi\u00f3n por la cual estoy acusado; falta de asistencia letrada, no puse un abogado defensor y por ley corresponde que me hubiera asistido un letrado oficial; el control de pruebas, en ning\u00fan momento me notificaron de los d\u00edas de las audiencias testimoniales para que yo pudiera estar presente y si quer\u00eda interrogar a los testimonios; y no se han labrado las actas como corresponden, como dice la ley\u201d, explic\u00f3 Varela.<\/p>\n
Texto completo:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><\/p>\n INTERPONE NULIDAD SOLICITA SUSPENSION DEL PROCESO y APLICACI\u00d3N DEL ART\u00cdCULO 38 DE LA LEY 1246.<\/strong><\/p>\n Sra. Presidente de la Sala Acusadora de la<\/p>\n Honorable C\u00e1mara de Diputados de la Provincia de La Pampa<\/p>\n Dip. Mariana BAUDINO<\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Jorge V\u00edctor Ireneo VARELA, DNI N\u00b0 12.608.314, con domicilio en Berutti 910, Santa Rosa, La Pampa,\u00a0\u00a0en mi car\u00e1cter de Ministro de Obras y Servicios P\u00fablicos, en Expte 231\/14 (reg. C\u00e1mara de Diputados\u201d me presento a esa Sala Acusadora y digo:<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n I.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong>OBJETO:<\/strong><\/p>\n En el car\u00e1cter invocado vengo en legal tiempo y forma\u00a0\u00a0a plantear la NULIDAD de las actuaciones llevadas a cabo por esa Sala Acusadora en tanto se me han violentado las exigencias y garant\u00edas previstas en los TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS, la CONSTITUCION NACIONAL, CONSTITUCI\u00d3N PROVINCIAL, LEY PROVINCIAL 1246 \u2013reglamentaria del Juicio Pol\u00edtico- y CODIGO PROCESAL PENAL, todo lo cual ha conculcado groseramente mi DERECHO DE DEFENSA EN JUICIO Y EL DEBIDO PROCESO.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><\/p>\n II.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong>CUESTIONES FORMALES y PRELIMINARES.<\/strong><\/p>\n a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0PROCEDENCIA FORMAL.<\/p>\n El art\u00edculo 45 de la Ley 1246 establece como principio que: \u201cPara el procedimiento de Juicio Pol\u00edtico se aplicar\u00e1n en forma supletoria las normas del C\u00f3digo Procesal Penal de la Provincia\u201d<\/p>\n En tal sentido en el cap\u00edtulo VII \u2013art\u00edculos 159 a 166- se regula lo atinente a la actividad procesal defectuosa. El art\u00edculo 159 establece que: \u201cNo podr\u00e1n ser valorados para fundar una decisi\u00f3n judicial ni utilizados como presupuesto de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en este C\u00f3digo\u2026\u201d. Por otra parte el art\u00edculo 160 establece que podr\u00e1n oponer la nulidad las partes que no hayan concurrido a causarla y que tengan inter\u00e9s en la observancia de las disposiciones legales respectivas. Finalmente y en lo que aqu\u00ed nos interesa se destaca el art\u00edculo 165 que establece:\u00a0\u201cNo ser\u00e1 necesaria la protesta previa y podr\u00e1n ser advertidos, a\u00fan de oficio, los defectos concernientes a la intervenci\u00f3n, asistencia y representaci\u00f3n del imputado, en los casos y formas que la ley establece o los que impliquen inobservancia de derechos y garant\u00edas previstos por la Constituci\u00f3n Nacional y la Constituci\u00f3n Provincial\u201d.<\/strong><\/p>\n En este caso la NULIDAD que plantea resulta ser ABSOLUTA, dado que los actos incumplidos en inobservancia de las formas y condiciones procedimentales exigidas por la Ley 1246 y el C\u00f3digo Procesal Penal de la Provincia, que ostenta car\u00e1cter supletorio, se vinculan a defectos concernientes a mi intervenci\u00f3n en este proceso y a la inobservancia de las Garant\u00edas y Derechos previstos en la Constituci\u00f3n Nacional, Pactos Internacionales de Derechos Humanos con Jerarqu\u00eda Constitucional, y la Constituci\u00f3n Provincial, en tanto se me ha afectado el DERECHO DE DEFENSA EN JUICIO y la GARANTIA AL DEBIDO PROCESO.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n b)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0CUESTIONES PRELIMINARES<\/p>\n \u00a0\u201c… el juicio pol\u00edtico ha sido un aparato ineficaz, adem\u00e1s de lento,se utiliza so color de partidos,…\u201d\u00a0[1]<\/sup><\/strong><\/sup><\/a><\/strong><\/p>\n En esta ocasi\u00f3n, una vez m\u00e1s, el juicio pol\u00edtico se utiliza \u201cso color de partidos\u201d y no est\u00e1 sirviendo a la elevada finalidad institucional con que ha sido concebido, sino que se lo ha puesto al servicio de la pasi\u00f3n, la baja pol\u00edtica, y\u00a0no se respetan en su tramitaci\u00f3n de resoluci\u00f3n los sagrados mandatos de la justicia y la seguridad jur\u00eddica.[2]<\/sup><\/sup><\/a><\/p>\n Tanto las decisiones del Senado en el Juicio Pol\u00edtico como de los Jurados de enjuiciamiento, resultan revisables por la Justicia Ordinaria cuando se han vulnerado, como en este caso cuestiones vinculadas al debido proceso y a la defensa en juicio:<\/p>\n \u201cLa Corte ha reconocido la justiciabilidad de los enjuiciamientos pol\u00edticos cuando se alega que en \u00e9stos se ha producido una real violaci\u00f3n del derecho de defensa en juicio\u201d (Corte. Sup., 9\/12\/1993. Nicosia, Alberto O. Fallos 316:2940. JA 1995-III-s\u00edntesis)<\/p>\n \u201cLas decisiones referidas al juicio pol\u00edtico configuran cuesti\u00f3n judiciable cuando se invoca por la parte interesada la violaci\u00f3n del debido proceso. En efecto tal conclusi\u00f3n encuentra sustento en dos hechos fundamentales: por un lado, el relativo a que los mentados procesos est\u00e1n protegidos por la garant\u00eda de defensa en juicio consagrada por la Ley Fundamental (art. 18); por el otro, el concerniente a que la violaci\u00f3n de dicha garant\u00eda que irrogue un perjuicio a derechos jur\u00eddicamente protegidos, de estar reunidos los restantes recaudos de habilitaci\u00f3n judicial, puede y debe ser reparada por los jueces de acuerdo con el principio de supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n y con arreglo al control de constitucionalidad judicial y difuso (art. 31 y concs). Esta doctrina pone en manos de la Corte la eventual revisi\u00f3n final del proceso a efectos de comprobar el respeto a la garant\u00eda de la defensa en juicio\u201d (Corte Sup., 6\/5\/1997. Trovato, Francisco M (Fallos 320:845).<\/p>\n En conclusi\u00f3n es bien sabido que lo atinente a la subsunci\u00f3n de los hechos en las causales constitucionales de destituci\u00f3n como as\u00ed tambi\u00e9n la apreciaci\u00f3n de las acciones u omisiones que habr\u00edan motivado la acusaci\u00f3n\u00a0\u00a0constituyen \u00e1mbitos reservados por la Constituci\u00f3n Nacional al exclusivo y definitivo juicio de la esa Sala Acusadora; no es as\u00ed cuando se vulneran cuestiones vinculadas al debido proceso y a la defensa en juicio en donde la Corte ha sentado doctrina un\u00e1nime al permitir la revisi\u00f3n judicial de tales decisiones de los Tribunales de Enjuiciamiento.<\/p>\n \u201cSi la decisi\u00f3n del Senado ha violado la garant\u00eda constitucional del debido proceso, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario y dejar sin efecto las resoluciones que dispusieron la destituci\u00f3n y la suspensi\u00f3n preventiva en su cargo de un ministro de la Corte Suprema de la naci\u00f3n (Corte Sup., 1\/6\/04. Molin\u00e9 O`CONNOR, Eduardo) JA\u00a01004-II-499<\/p>\n En definitiva cuando est\u00e1n en juego cuestiones vinculadas a la defensa en juicio y al debido proceso, como acontece en este caso, es admisible su contralor por quienes tienen a su cargo el control de constitucionalidad, es decir el Poder Judicial.<\/p>\n Ello exige entonces a esa Sala Acusadora el respeto de las garant\u00edas constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio, ya que de otro modo su afectaci\u00f3n y desconocimiento, es pasible del debido contralor jurisdiccional.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong>Es bien sabido, que en el JUICIO POL\u00cdTICO se eval\u00faa responsabilidad pol\u00edtica, y ello ingresa dentro de las esfera propia y privativa de las potestades de esa C\u00e1mara de Diputados, y por ello la Corte Suprema considera, en principio, que en este aspecto estamos ante cuestiones no judiciables. Sin embargo cuando, como acontece en este caso, se afectan garant\u00edas constitucionales, en cuanto al procedimiento, es decir se afecta la GARANTIA DEL DEBIDO PROCESO Y DEFENSA EN JUICIO, aparece sin cuestionamiento alguno, la clara posibilidad de control por parte del Poder Judicial.<\/p>\n El juicio pol\u00edtico que regula la Constituci\u00f3n provincial en su articulado, tiene car\u00e1cter jurisdiccional y, en el curso de su sustanciaci\u00f3n que se inicia en el \u00e1mbito de la\u00a0\u00a0Sala Acusadora de Juicio Pol\u00edtico, tanto ella como la Legislatura\u00a0carecen de potestades absolutas, arbitrarias, discriminatorias y discrecionales en orden a sus efectos[3]<\/sup><\/sup><\/a>, como las aplicadas en la presente etapa investigativa.<\/p>\n Dicho car\u00e1cter jurisdiccional, proviene del hecho de estar regulado en la Constituci\u00f3n, que no puede ser objeto de interpretaciones aisladas o fragmentarias de sus contenidos, sino de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica.<\/p>\n Esta circunstancia determina que en el juicio pol\u00edtico se apliquen todas las garant\u00edas reconocidas por la Constituci\u00f3n, los tratados internacionales sobre derechos humanos a las personas que est\u00e1n sujetas a cualquiera de las manifestaciones del poder jurisdiccional del Estado. Los jueces, la Sala Acusadora de Juicio Pol\u00edtico y la Legislatura, jam\u00e1s pueden desconocer tales garant\u00edas a menos que se decida dejarlas sin efecto mediante la reforma de la Constituci\u00f3n o a la denuncia de los tratados sobre derechos humanos.<\/p>\n Y, si esta conclusi\u00f3n no complace a algunos debido a la naturaleza del \u00f3rgano que la emiti\u00f3, de todas maneras deben acatarse fielmente en funci\u00f3n de la doctrina vinculante expuesta por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos cuando dict\u00f3 la sentencia 71 del 31 de enero de 2001.[4]<\/sup><\/sup><\/a><\/p>\n